viajar con cannabis medicinal a España: la foto más reveladora del momento no sale del BOE ni de un debate parlamentario, sino de la Memoria de actividades 2025 de la AEMPS, publicada en junio de 2026. El dato es contundente: la agencia concedió 2.682 autorizaciones de transporte de estupefacientes para viajeros durante 2025, frente a 1.065 en 2024 y 691 en 2023. Y la propia AEMPS identifica la razón principal del salto: cada vez más pacientes piden permiso para entrar en España con cannabis medicinal prescrito en países donde ese uso ya está autorizado. La conclusión es difícil de esquivar: la demanda existe, cruza fronteras y está empujando al regulador español aunque el acceso interno siga siendo estrecho.
- La AEMPS elevó a 2.682 los permisos para viajeros en 2025.
- La agencia atribuye el aumento a pacientes que llegan con cannabis medicinal autorizado.
- España reconoce así una realidad asistencial internacional que aún canaliza con mucha rigidez dentro del país.
Qué revela realmente la memoria de la AEMPS
La cifra aparece en el apartado de tráfico lícito de estupefacientes y psicótropos. Allí la AEMPS compara tres ejercicios seguidos y deja ver una aceleración clara: 691 autorizaciones en 2023, 1.065 en 2024 y 2.682 en 2025. No se trata de una subida marginal ni de una oscilación administrativa menor. Es un cambio de escala.
Más importante aún es la explicación oficial. La memoria señala expresamente que el aumento responde principalmente a las solicitudes de pacientes que viajan a España con cannabis medicinal desde países donde su uso médico está reconocido. Es decir, la administración española no solo sabe que esos tratamientos existen, sino que ya dedica más recursos a autorizar su entrada temporal en el país.
Una demanda que desmonta la ficción del “todavía no toca”
El dato deja en evidencia una contradicción habitual del debate español. Por un lado, el Estado sigue presentando el cannabis medicinal como una materia que debe avanzar con extrema cautela y dentro de un circuito muy restringido. Por otro, la propia AEMPS admite con sus cifras que miles de desplazamientos ya obligan a gestionar la presencia de pacientes tratados con cannabis bajo marcos legales extranjeros.
Desde una posición favorable a la regulación, esto no se lee como una anomalía, sino como una prueba de madurez pendiente. Si España acepta que una persona entre con su tratamiento porque en Alemania, Canadá o cualquier otro país tiene respaldo médico y autorización, lo lógico es preguntarse por qué ese mismo reconocimiento sigue siendo tan limitado y lento para pacientes dentro del propio sistema español.
Derechos de pacientes, no turismo farmacológico
Conviene evitar una lectura frívola. No estamos hablando de turismo cannábico ni de una puerta trasera al consumo adulto. Estamos hablando de pacientes que necesitan continuidad terapéutica cuando cruzan una frontera. La gestión de estos permisos pertenece al terreno de los derechos sanitarios, la seguridad jurídica y la coordinación internacional, no al moralismo.
Precisamente por eso el dato importa. Cada autorización implica que la administración asume que existe un uso médico legítimo que debe poder acompañar al paciente en sus desplazamientos. Esa lógica es plenamente compatible con la prudencia clínica, pero también debería ser compatible con un acceso nacional menos asfixiado por el retraso burocrático y por una visión todavía defensiva del cannabis medicinal.
Qué enseña esto para Canarias
Para Canarias la lectura es especialmente útil. El archipiélago recibe población residente extranjera, turismo de larga estancia y pacientes que se mueven entre jurisdicciones con marcos sanitarios distintos. Si la AEMPS está viendo crecer de este modo las autorizaciones a viajeros, las islas no pueden tratar la cuestión como un asunto lejano. Afecta al debate sanitario, farmacéutico y regulatorio local.
Además, Canarias ya asoma en el mapa del cultivo medicinal autorizado y eso obliga a pensar el ecosistema completo: producción, formulación, seguimiento clínico, trazabilidad y derechos de los pacientes. No basta con celebrar la parte industrial si el acceso terapéutico y la continuidad asistencial siguen dependiendo, en gran medida, de que el paciente venga con el tratamiento reconocido desde fuera.
Una pista sobre el siguiente debate español
La memoria de la AEMPS también incluye otro dato de contexto: en 2025 la agencia registró 36 autorizaciones de cultivo de plantas de cannabis. Eso muestra que el Estado ya tiene una infraestructura regulatoria real alrededor del cannabis médico, aunque todavía fragmentaria. El problema no es la inexistencia de reglas, sino su desarrollo desigual.
Ahí está la lección política de fondo. España ya no puede refugiarse en la idea de que el cannabis medicinal es una hipótesis remota. La administración lo regula, autoriza cultivos, prepara registros y gestiona miles de permisos de entrada para pacientes viajeros. Lo que falta no es reconocer la realidad, sino ordenarla mejor y con un criterio más garantista para quienes necesitan acceso seguro dentro del país.
Preguntas frecuentes
¿Qué ha contado exactamente la AEMPS?
Que en 2025 concedió 2.682 autorizaciones de transporte de estupefacientes para viajeros y que el aumento se debe principalmente a pacientes que viajan con cannabis medicinal autorizado.
¿Esto significa que España ya facilita ampliamente el acceso interno?
No. El dato muestra reconocimiento administrativo de tratamientos que llegan desde fuera, pero no implica que el acceso interno esté resuelto ni sea amplio.
¿Por qué importa para Canarias?
Porque las islas reciben población móvil y pueden verse afectadas tanto por la continuidad terapéutica de pacientes visitantes como por el desarrollo de una industria medicinal regulada.
Fuentes
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